Los empresarios que contraten a 'sin papeles' deberán pagar la repatriación

Una directiva de la UE endurece el castigo contra la explotación de inmigrantes

La Unión Europea aprobará el lunes en Consejo de Ministros una directiva, inspirada por el Gobierno español, que endurece las sanciones a los empresarios que contraten a inmigrantes en situación irregular. Además de establecer una batería de multas y penas mínimas, el texto obliga a los patronos explotadores a pagar el viaje de retorno de sus empleados sin papeles que sean repatriados. Hasta ahora, ese gasto recaía sobre los contribuyentes, a través de los Presupuestos Generales del Estado.

La directiva, que viene siendo negociada desde hace más de dos años, establece unas normas mínimas, por lo que los Estados quedan en libertad para adoptar medidas aún más estrictas contra los explotadores.

Además de obligarles a pagar la repatriación de sus empleados en situación irregular, algo que ya aparece recogido en varios artículos del anteproyecto español de reforma de la Ley de Extranjería, les exige que abonen a los inmigrantes el dinero pendiente por el trabajo que hayan realizado y que paguen los correspondientes impuestos y cotizaciones sociales. En caso de que sea imposible establecer la remuneración de los extranjeros, "se debe presumir que es al menos el salario previsto en la legislación aplicable sobre el salario mínimo, los convenios colectivos o la práctica establecida del sector de actividad de que se trate". Si el inmigrante ha retornado o ha sido repatriado a su país, los empresarios deberán abonar los costes del envío de la remuneración que tuvieran pendiente con él.

El texto anima a los Estados a incrementar las inspecciones laborales y les obliga a establecer sanciones penales en los que denomina "casos graves"; a este respecto, ofrece varios ejemplos: las infracciones reiteradas, el empleo ilegal de un número considerable de inmigrantes, las condiciones laborales especialmente abusivas, el empleo de menores y el conocimiento por parte del empresario de que el trabajador es víctima de la trata de seres humanos.

La directiva también obliga a los empleadores, antes de contratar a un extranjero extracomunitario, a solicitar su permiso de residencia y a conservar una copia del mismo al menos durante el periodo en que trabaje para él. Y aún va más allá: establece la responsabilidad del contratista principal en el caso de que sea un subcontratista quien emplee al extranjero en situación irregular. De esta forma, las empresas que utilicen subcontratas (algo muy común) podrán ser obligadas como responsables solidarios o subsidiarios a pagar las multas y salarios pendientes en lugar de los subcontratistas que hayan contratado a los sin papeles.

"Va contra la raíz de la inmigración irregular"

La secretaria de Estado de Inmigración y Emigración, Consuelo Rumí, subraya que la nueva directiva no está dirigida contra las personas, sino que protege sus derechos y combate a quienes pretenden lucrarse con el esfuerzo de los propios inmigrantes y de todos los ciudadanos. "El Gobierno español ha defendido siempre que la economía sumergida, el empleo ilegal, es el primer elemento de atracción de la inmigración irregular", afirma. "Con este texto, los Veintisiete comparten ese diagnóstico y están dispuestos a combatir esa lacra que nos tiene que comprometer a todos. Por tanto, la directiva tiene un doble significado: viene a defender los derechos de las personas al combatir la explotación de los inmigrantes y, al mismo tiempo, actúa contra la raíz misma que genera la inmigración clandestina".

(Noticia extraída de El País)