Buenos días a todos, aprovechando un ratito frente al ordenador, en estas vacaciones bien merecidas, publicamos el listado de precios medios que todos los años actualiza Hacienda, para su uso en determinados impuestos.
Este listado es el que normalmente se usa para los traspasos de vehiculos y embarcaciones y que debe ser consultado para determinar el valor mínimo del traspaso para el impuesto, ya que de lo contrario, nos podrán exigir la diferencia en un futuro.
Les dejamos el listado en la zona de descargas:
Una ley en la que se aprueban una serie de medidas que vamos a resumir:
Existen otra serie de modificaciones aunque en el listado anterior se encuentran las más importantes según nuestro punto de vista
Un saludo y recuerden que tiene un enlace a la ley en el nombre de la misma.
Sin duda alguna, no se podrá decir que este gobierno, no esta tomando medidas contra la crisis, otra cosa es que sean acertadas o no.
En esta ocasión se lanza un nuevo Real Decreto el 1975/2008, de 28 de noviembre,
sobre las medidas urgentes a adoptar en materia económica, fiscal, de empleo y de acceso a la vivienda.
En este real decreto destacan las siguientes medidas:
Les dejo un enlace para que puedan consultar el Real Decreto 1975/2008
Los empresarios o profesionales están obligados a expedir y entregar, en su
caso, factura u otros justifi cantes por las operaciones que realicen en el desarrollo
de su actividad, así como a conservar copia o matriz de aquellos. Igualmente, están
obligados a conservar las facturas u otros justifi cantes recibidos de otros empresarios
o profesionales. Estas obligaciones están reguladas en el Real Decreto 1496/2003, de 28 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento que regula las obligaciones de facturación.
La obligación de expedir factura podrá ser cumplida mediante la expedición de tique y copia de éste cuando su importe no exceda de 3.000 euros, IGIC incluido, en las operaciones tales como ventas al por menor, ventas o servicios a domicilio, bares, restaurantes, cafeterías y similares, así como el suministro de bebidas o comidas para consumir en el acto, servicios de transporte de personas y sus equipajes, salas de baile y discotecas, servicios telefónicos prestados mediante la utilización de cabinas telefónicas de uso público, sí como mediante tarjetas que no permitan la identificación del portador, peluquerías e institutos de belleza, instalaciones deportivas, aparcamientos, tintorería y lavanderías, etcétera.
Además podrá utilizarse el tique de compra como sustitutivo de la factura en los casos autorizados por Hacienda en relación con sectores empresariales o profesionales o empresas determinadas, con el fi n de evitar perturbaciones en el desarrollo de las actividades.
La sustitución de la factura por el tique de compra no será posible cuando el destinatario del producto o servicio sea un empresario o profesional que actúe en calidad de tal. Los tiques contendrán los siguientes datos o requisitos:
Número y, en su caso, serie.
NIF, así como el nombre y apellidos, razón o denominación social completa del obligado a su expedición.
Tipo impositivo aplicado o la expresión IGIC incluido.
Contraprestación total.
Una consulta de la DGT permite “destruir el papel” una vez que se digitalicen las facturas. El criterio de Tributos se adelanta en el tiempo porque todavía son muy frecuentes las actuaciones en las que se pide papel. El sistema informático debe certificarse por Hacienda.
La Dirección General de Tributos –DGT– acepta y respalda que las empresas puedan presentar y conservar las facturas en formato digital para las inspecciones y requerimientos que realice la Administración.
En una consulta sobre deducción de cuotas soportadas del Impuesto sobre el Valor Añadido –IVA–, la DGT explica de forma muy gráfica que una vez que los documentos de las empresas se digitalicen “se puede incluso destruir el papel”. El requisito imprescindible para poder beneficiarse de la tecnología es que la empresa cuenta con un sistema homologado o certificado por Hacienda.
Tributos ha estudiado la consulta realizada por una empresa que procesa un elevado número de documentos en papel, digitalizando todos ellos para ser incluidos en una base de datos. La compañía preguntaba a Hacienda sobre la validez como prueba de los documentos digitalizados en su correspondiente soporte –disquetes, CD y cintas magnéticas– ante cualquier requerimiento de la Administración tributaria.
Lo que hace la DGT es interpretar la Orden 962/2007 sobre Facturación telemática y conservación electrónica de facturas del Ministerio de Economía. En esta norma se incluyen los requisitos del sistema de software que deben tener las empresas para digitalizar su documentación y en la Resolución de 24-X-2007 se recoge el procedimiento que tienen que seguir las empresas para conseguir que el director del departamento de Informática Tributaria de la Agencia homologue su sistema. También se incluyen los formatos, entre otros, el PDF y JEPG2000.
La principal característica que debe reunir el software es que “garantice la obtención de una imagen fiel e íntegra de cada documento y firmada con firma electrónica”. El sistema digital “certificado”, añade la consulta, tendrá que “organizarse en torno a una base de datos documental y que por cada documento digitalizado se conserve un registro de datos con todos los campos exigibles en la llevanza de los libros de registro”.
Según explica la DGT, “en la medida en que las facturas y documentos sustitutivos y cualesquiera otros documentos o justificantes pueden ser digitalizados y conservados por medios electrónicos, pudiéndose incluso destruir el papel, dicha documentación en soporte electrónico puede ser válida como medio de prueba en los procedimientos realizados ante la Administración tributaria”. La consulta introduce una importante matización en lo que se refiere a la destrucción de los documentos. El contribuyente tendrá que tener en cuenta “el cumplimiento de las obligaciones que en otros ámbitos, como el mercantil, afecten a la conservación de dichos documentos”.
Es decir, no todo el papel tiene por qué desaparecer, ya que en otro tipo de ámbitos fuera de lo que es el procedimiento administrativo tributario, como las transacciones comerciales, puede ser relevante su conservación.
Por otro lado, la consulta recuerda que la Ley 37/1992 del IVA ya previó que “las facturas recibidas, los justificantes contables, las facturas expedidas y las demás copias deberán conservarse, incluso por medios electrónicos, durante el plazo de prescripción del impuesto”. De igual forma, esta norma también establece que la conservación de este tipo de documentos “se podrá cumplir por un tercero, que actuará en nombre y por cuenta del sujeto pasivo”.
Como explica Raúl Salas, socio del Área Fiscal de Baker & McKenzie, la importancia de esta consulta reside en que “la DGT se pronuncia sobre la validez del formato electrónico de facturas emitidas y recibidas en un momento en el que todavía se pide papel en las inspecciones e incluso cuesta que acepten la firma electrónica en determinadas situaciones”. Salas apunta que el documento o la factura digitalizado tiene que ser “inalterable”.
(Noticia extraída de Expansión)
La Consejería de Economía y Hacienda del Gobierno de Canarias, a través del proyecto “Hacienda Canaria”, acaba de publicar la primera edición del “Código Tributario de la Comunidad Autónoma de Canarias”, obra que en dos tomos recopila la versión vigente (actualizada a 23 de abril de 2008) tanto de las normas generales básicas del ordenamiento jurídico tributario (Constitución Española, Estatuto de Autonomía, Ley General Tributaria, …) como las normas principales -leyes y reglamentos- de todas aquellas figuras tributarias cuya gestión está atribuida a la Administración Tributaria Canaria (Impuesto General Indirecto Canario, Arbitrio sobre Importaciones y Entregas de Mercancías en las Islas Canarias, Impuesto Autonómico sobre Combustibles, Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados, …). 
En las citadas normas se incluye una profusa anotación a pie de página, a través de la cual, al margen de determinadas aclaraciones, se persigue, de una parte, destacar y poner de relieve las relaciones internas entre dichas normas, y de otra, efectuar las oportunas remisiones a las normas de inferior rango que complementan dicha regulación y no se hallan incluidas en el Código.Buenas tardes a todos, seguimos con este mes de julio infernal, no solo por la temperatura, que se combate bien con el aire acondicionado (eso de 24ºC) será en Madrid, porque por estas latitudes y dependiendo de la oficina de 21ºC no sube.
Otra cosa que ayuda a subir la temperatura no es solo el clima, sino los cabreos que nos pillamos en ocasiones con los clientes al ver las facturas que nos traen.
La mayoría de la gente sabe que para poder deducir gastos de la actividad, ya sean autónomos o sociedades, deben de estar debidamente justificados y eso significa, salvo en algunas excepciones, una factura.
Eso si, aunque nos cansamos de decir que las facturas deben cumplir unas normas para ser validas, todavia nos encontramos con muchas que no podemos contabilizar como gastos por no cumplir con los mínimos exigibles y que sería rechazadas en caso de inspección (facturas sin la identificación del proveedor, modificados los importes a mano, etc..). Es por esto que creo conveniente poner una lista con el contenido que deben llevar las facturas.
Contenido de las facturas
Todas las facturas y sus copias deben contener, como mínimo, los siguientes datos o requisitos:
Número y, en su caso, serie.
Fecha de su expedición
Nombre y apellidos, razón o denominación social completa, tanto del obligado a expedir factura como del destinatario de las operaciones
Número de identificación fiscal atribuido por la Administración española o, en su caso, por la de otro estado miembro de la Comunidad Europea, con el que ha realizado la operación el obligado a expedir la factura.
Domicilio del expedidor y del destinatario. Cuando el destinatario de las operaciones sea una persona física que no actúe como empresario o profesional no será obligatoria la consignación de su domicilio.
Descripción de las operaciones consignándose todos los datos necesarios para la determinación de la base imponible del impuesto y su importe, incluyendo el precio unitario sin impuesto de dichas operaciones, así como cualquier descuento o rebaja que no esté incluido en dicho precio unitario.
El tipo o tipos impositivos, en su caso, aplicados a las operaciones.
La cuota tributaria que, en su caso, se repercuta, que deberá consignarse por separado.
La fecha de la operación que se documenta o en la que, en su caso ,se haya recibido el pago anticipado, si es distinta a la de expedición de factura.
Un saludo y buen trimestre
El pasado 1 de enero entró en vigor una norma de especial trascendencia para todos las personas físicas y jurídicas, contribuyentes o no, de las distintas haciendas públicas, se trata del Reglamento General de los procedimientos de gestión, inspección y aplicación de los tributos, aprobado por el Real Decreto 1065/2007, de 27 de julio, y que cierra la serie de reglamentos que vienen a desarrollar la Ley General Tributaria, en vigor desde el 1 de julio del año 2004.
El nuevo reglamento viene a suponer el desarrollo ejecutivo de la mencionada Ley General Tributaria, para completar el régimen jurídico tributario con las normas comunes sobre los procedimientos tributarios, las actuaciones y procedimientos de gestión e inspección tributaria, con el objetivo principal de codificar y sistematizar las normas contenidas hasta ahora en diversos y dispersos reglamentos que se han ido dictando en el tiempo en desarrollo de la Ley General Tributaria del 63 y de la Ley de Derechos y Garantías de los Contribuyentes, ambas derogadas actualmente.
El nuevo reglamento ordena, sistematiza y generaliza una pluralidad de normas reglamentarias hasta ahora vigentes y dispersas, que afectaban a algunos tributos y que deben tener un alcance general, y además recoge la regulación de aquellas obligaciones formales que carecían de regulación reglamentaria en la anterior normativa o por ser nuevas.
Se regulan entre otros los censos tributarios, se establece la información mínima que debe contener cada uno de ellos, la forma de cumplir con la obligación de comunicar el cambio de domicilio fiscal, las normas relativas al número de identificación fiscal, simplificando las de la asignación de un número de identificación fiscal a los menores de edad que no dispongan del DNI, las actuaciones de información, las consultas tributarias escritas, la información con carácter previo a la adquisición o trasmisión de bienes inmuebles, los certificados tributarios, la utilización de medios electrónicos en las relaciones con las administraciones tributarias, la presentaciones de declaraciones, etc.
Fuente: www.eldia.es , 4 de Marzo de 2008
El problema surgió cuando con la nueva reforma del IRPF, aparecio la limitación de que sólo podían ser utilizados en horario laboral y sin que pudiesen ser acumulativos, hay que tener en cuenta que estos vales son entendidos como beneficios sociales para los trabajadores y considerados una retirbución en especie, con las ventajas que eso conlleva, ya que son considerados ingresos exentos y no llevan retención practicada.En teoría, desde abril de 2007 ningún trabajador que recibe de su empresa los populares vales-comida podía usar este beneficio social los fines de semana y menos aún de forma acumulativa. También supuestamente, desde esa fatídica fecha, las empresas debían controlar además del número de documento y del día de entrega, el importe nominal de los mismos, la cuantía entregada para cada día y los días concretos.
Pasividad del propio Fisco
Pero, tal y como preveían los expertos fiscales y los empresarios de restauración, nada de estos ha ocurrido y el sentido común y la realidad se ha impuesto ante la dificultad a la hora de realizar un control y una gestión sobre la utilización de los mismos. “El reglamento aprobado no ha valido para nada” aseguran desde un despacho fiscalista que prefiere no ser citado. “Pienso que han perdido una ocasión para haber regulado como Dios manda esta actividad...porque está claro que el procedimiento actual escapa todavía de la mano de Hacienda” señala Rubén Jimeno, director del Servicio de Estudios del Registro de Economistas de Asesores Fiscales (REAF).
Fuentes de la Agencia Tributaria comentaron a esta web que no han incluido ninguna medida especial en el Plan de Control Tributario para 2008 sobre esta materia, lo que quiere decir que no impondrá mano dura al menos este año. Aclararon a su vez que tampoco se ha llevado a cabo ninguna sanción a empresas, establecimientos de restauración o a usuarios por infringir dicho reglamento.
La única vía que actualmente tiene Hacienda para asegurar que se cumplen sus restricciones es imponer a las compañías la tarjeta de pago electrónica que sustituye a los cheques físicos con los importes pertinentes a utilizar diariamente por los trabajadores en los respectivos restaurantes. Sin embargo, su uso aún no se ha extendido masivamente aunque es probable que con el tiempo acaben sustituyendo a los tradicionales cheques aunque. Pero por ahora ningún experto está seguro de cuando se producirá ese cambio.
Los asesores fiscales coinciden en que la actual situación de falta de control y eficacia no cambiará hasta que el próximo Gobierno, sea del PSOE o del PP, lleve a cabo una nueva reforma fiscal ya que un asunto de este calado no puede tramitarse como decreto de urgencia. En cualquier caso, desde el despacho Datadiar recuerdan que en caso de que en algún momento el Fisco decida ponerse dura, amparándose en el actual reglamento, el peso de la ley recaerá sobre el usuario y no sobre el resto de las partes involucradas.
Muchas ventajas para particulares y empresas
Al final, el reglamento, que amenazaba con dar un giro de 180 grados a este extendido complemento salarial no ha traído más que bondades para sus beneficiarios. Por ejemplo gracias a este nuevo texto legal el importe máximo de estos vales-comida aumentó hasta los 9 euros diarios. Ello supone la exención para el trabajador en su IRPF de este importe, que no tendrá que incluirlo en su declaración y además, no estará sometido previamente a retención por la empresa.
Gracias a ello muchas empresas han elevado el importe de los cheques hasta este límite, aunque de poco ha servido porque los establecimientos hoteleros, sabedoras de este cambio, también han incrementado automáticamente el importe de sus menús hasta esta cifra.
Según los expertos fiscales, benefician en mayor medida a los trabajadores con más salario, pues su tipo impositivo en IRPF es más alto, y son cantidades que dejan de tributar por esos tipos impositivos superiores en el IRPF. Pero a la empresa pagadora, no le interesa esta fórmula para trabajadores con cotizaciones superiores a la máxima permitida, en la medida que, pierden el efecto de la no cotización por los mismos. Interesa ofrecer estas fórmulas de retribución a los trabajadores con sueldos medios y bajos, donde la empresa se beneficia del doble efecto de deducción, en el impuesto sobre sociedades y la no cotización a la Seguridad Social.
Si bien, se produce el efecto beneficioso de la no tributación en el IRPF de esos importes, al mismo tiempo, al no tener la empresa que cotizar a la Seguridad Social por esas cantidades, las cotizaciones del trabajador serán inferiores en el importe de las mismas, que si recibiera ese importe en metálico. Además, estos tiques solo podrán utilizarse en establecimientos de hostelería.
La empresa pagadora de estos cheques comida también se beneficiaron del nuevo regalmento en la medida que puede deducirse estos importes como gastos de personal en su impuesto sobre sociedades y además, son importes por los que no tiene que pagar cotizaciones a la Seguridad Social."
El Tribunal Supremo, en su sentencia de 6 de julio de 2007, clarifica por fin la tan traída y llevada cuestión de si el cumplimiento de las obligaciones formales a la hora de realizar la renuncia al régimen de estimación objetiva por signos, índices o módulos es determinante o no de la aplicación del régimen frente al régimen de estimación directa.
Señala el Tribunal que no parece lógico ni adecuado con las exigencias que, con respecto a los regímenes de determinación indiciaria de la base imponible, parecen derivarse de nuestra Constitución (art. 31.3), que el simple incumplimiento de un plazo determine que un contribuyente no pueda tributar de acuerdo con su capacidad económica real, ya que con ello se estaría lesionando el mismo fundamento de este régimen de determinación de la base imponible, que es la voluntariedad, por lo que ésta desempeña en este régimen indiciario una importante función de garantía del contribuyente que es necesario proteger.
Por lo tanto, la renuncia al régimen de estimación objetiva por signos, índices o módulos en el IRPF, aunque sea de un modo tácito, no es inválida, sino que, por el contrario, produce plenos efectos jurídicos en la elección del régimen de determinación directa de la base imponible aplicable.
(sentencia publicada en Normacef Fiscal, NFJ026424, y en la Revista de Contabilidad y Tributación del CEF, núm. 296, Noviembre 2007).
